Conectando a través de los derechos al hábitat y el derecho a la ciudad

El viernes 4 de diciembre, la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad (PGDC), la Coalición Internacional del Hábitat (HIC) y Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) organizaron conjuntamente, como parte del proceso #CitiesAreListening, la mesa redonda "Conectando a través de los Derechos al Hábitat y el Derecho a la Ciudad" : un punto de partida para fortalecer la cooperación entre los Relatores Especiales ante las Naciones Unidas, las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos locales y regionales en el marco de los Derechos Humanos relacionados al Hábitat y el Derecho a la Ciudad. Esta primera mesa redonda contó con la inestimable participación del Sr. Pedro Arrojo-Agudo, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en materia de agua potable y saneamiento; el Sr. Felipe González Morales, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes; el Sr.Víctor Madrigal-Borloz, Experto independiente de la ONU sobre la protección contra la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad de género y el Sr. Balakrishnan Rajagopal, Relator Especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada.

[Clip 1: comentarios introductorios]

¿Cómo se cruzan las prioridades de los mandatos con los Derechos Humanos relacionados al Hábitat y el Derecho a la Ciudad? ¿Y con los temas prioritarios de las organizaciones de la sociedad civil y gobiernos locales y regionales?

La mesa redonda comenzó con la presentación de las principales prioridades de cada titular de mandato y sus intersecciones con el enfoque de los Derechos Humanos relacionado al Hábitat y el Derecho a la Ciudad. A continuación, se puede ver un resumen de los principales puntos planteados durante las intervenciones.

Derecho al agua potable y al saneamiento - Sr. Pedro Arrojo-Agudo, Relator Especial de las Naciones Unidas

• El agua y el saneamiento son cuestiones intersectoriales de importancia fundamental para los grupos más vulnerables y marginados, entre ellos pueblos indígenas, habitantes de asentamientos precarios, migrantes y refugiados.
• El acceso al agua potable y la higiene va de la mano del acceso a una vivienda adecuada y a la salud pública.
• La coordinación y la labor continua con la sociedad civil y los gobiernos locales y regionales es fundamental, así como la creación de redes entre esos agentes, las universidades y expertos.

Derecho de los Migrantes - Sr. Felipe González Morales, Relator Especial de la ONU

• La protección de los derechos humanos de los migrantes está profundamente interconectada con todos los mandatos, en particular en lo que toca al acceso a servicios públicos como la salud, educación, justicia y vivienda.
• Es importante garantizar que los migrantes no eviten buscar apoyo por temor a ser detenidos o deportados mediante el establecimiento de barreras de protección entre los servicios públicos y las acciones de los organismos de migración.
• Es fundamental avanzar en la regularización de los migrantes en las ciudades, lo que entraña la colaboración entre los gobiernos locales y regionales y la sociedad civil para garantizar la inclusión y la integración social frente a la asimilación, alejándose de la criminalización de los migrantes y asegurando la participación en los espacios cívicos.
• Es clave asegurar la representación permanente de las asociaciones de alcaldes y organizaciones de la sociedad civil en la aplicación y el seguimiento del Pacto Mundial para la Migración.

Derecho a la protección contra la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad de género - Sr. Víctor Madrigal-Borloz, Experto Independiente de la ONU

• Las experiencias particulares de las poblaciones LGBTQI+ están intrínsecamente ligadas al Derecho a la Ciudad.
• Las identidades LGBTQI+ no deben ser confinadas a la esfera privada: constituyen identidades políticas que requieren y merecen una ocupación política. Más allá de la descriminalización, es necesario que todos los niveles de gobierno garanticen la promoción de la tolerancia, la diversidad y el pluralismo como base para la construcción de ciudades y territorios.
• Todos los niveles de gobierno deben adoptar medidas de acción afirmativa para garantizar la protección de las personas LGBTQI+ contra la discrimnación, la exclusión y el abuso en los espacios públicos, incluidas calles, parques, transportes y equipamientos seguros. Esto incluye identificar, condenar y modificar las leyes relacionadas con el espacio público que pueden utilizarse para criminalizar la presencia de personas LGBTQI+ como las denominadas "zonas libres de LGBTQI+".
• Todos los niveles de gobierno, junto con los cuerpos de policía, deben comprometerse a promover la comprensión de los mayores riesgos a los que se enfrentan las poblaciones LGBTQI+, mejorando las relaciones y abriendo líneas de comunicación y entendimiento mutuo.

Derecho a una vivienda adecuada - Sr. Balakrishnan Rajagopal, Relator Especial de la ONU

• La intersección entre las cuestiones de la no discriminación y la segregación espacial según etnia, religión, orientación sexual o identidad de género, perpetuadas por la desposesión y que constituyen nuevas manifestaciones de apartheid.
• Una de las prioridades del mandato es abordar la interrelación entre el desplazamiento y los efectos del cambio climático, garantizando el derecho de las poblaciones a permanecer o a marcharse. En ambos casos, el consentimiento de las poblaciones afectadas es fundamental.
• La capacidad de todos los niveles de gobierno de detener los desalojos es una lección clave de la pandemia de COVID-19. Con voluntad política, las medidas gubernamentales pueden marcar una diferencia tangible, con los gobiernos locales y regionales en el liderazgo de medidas innovadoras.
• La necesidad de replantearse la gobernanza de la tierra más allá de garantizar la seguridad de la tenencia. Dado que la propiedad es fundamental para los sistemas económicos, es necesario promover alternativas económicas como los enfoques de la economía solidaria a lo largo de un continuo rural-urbano, adoptando un enfoque más "pluricultural" de la vivienda, impulsando una mayor valorización de las viviendas rurales, indígenas y de otro tipo, y abordando la cuestión de la soberanía de la tierra.

[Clip 2: Relatores comparten prioridades de su mandato a la luz de los Derechos del Hábitat y el Derecho a la Ciudad]

Reacciones y prioridades de las organizaciones de la sociedad civil y de los gobiernos locales y regionales

Representantes de los tres coorganizadores reaccionaron compartiendo las prioridades fundamentales para sus organizaciones y grupos de interés, que se resumen a continuación:

Philipp Rio - Alcalde de Grigny y Copresidente de la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU (CISDPHR)

• Los gobiernos locales y regionales son el nivel de gobierno más cercano a los ciudadanos y, como garantes de la provisión de servicios, deben ser incluidos en los espacios de toma de decisiones.
• La necesidad de una nueva forma de multilateralismo más inclusivo y basado en las necesidades de las comunidades. Dada la conexión entre los objetivos de los titulares de mandatos y la prestación de servicios públicos locales, es vital que los gobiernos locales y regionales y los relatores especiales colaboren para asegurar que nadie y ningún lugar se quede atrás.

Maite Rodríguez Blandón - Coordinadora de la Red Mujer y Hábitat y representante del Grupo de Trabajo Mujer, Género y Diversidad de la PGDC

• La importancia del marco del Derecho a la Ciudad, como un enfoque integral que permite ver la interdependencia e interconexión entre los derechos y su expresión en el territorio y en las comunidades.
• La necesidad de adoptar un enfoque intersectorial comprometido con la agenda feminista en relación con los derechos relacionado al hábitat y el Derecho a la Ciudad, incorporando elementos como la discusión sobre las esferas pública y privada, la división del trabajo en función del género, y los diferentes usos del tiempo, los espacios y las instalaciones.
• Cómo la pandemia de COVID-19 expuso la fragilidad en la protección de los derechos de las mujeres y niñas en diferentes territorios, abarcando el acceso a la alimentación, la vivienda, la seguridad y la brecha digital, entre otros.

Joseph Schechla - Coordinador de la Red de Derechos a la Vivienda y Tierra de HIC

• Es necesario combinar la ciudad y el contexto urbano como lugares particulares de lucha, pero sin olvidar la universalidad de los derechos humanos ya codificados y emergentes y el concepto más inclusivo del hábitat humano.
• Es importante valorizar las zonas y los residentes rurales, acompañado de una conciencia sobre el cambio climático, la importancia de la continuidad de la tenencia legítima, la necesidad de la des-mercantilización y el tratamiento de la tierra como una necesidad humana universal y un derecho humano, desde la perspectiva de su función social. La inclusión y la terminología del hábitat de los derechos humanos es importante, así como el reconocimiento de esos enfoques interseccionales y transversales en compromisos anteriores, como la Agenda Hábitat II.

[Clip 3: Los GLR y las OSC compartirán sus 3 prioridades + comentario del moderador]

¿Cómo fortalecer la colaboración entre relatores especiales, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos locales?

A partir de la identificación de prioridades temáticas comunes, el debate se centró en la búsqueda de vías de colaboración potenciales y existentes. Los relatores destacaron la importancia de trabajar con las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos locales y otros actores, como las redes académicas. El Sr. González Morales señaló el aumento de la participación y colaboración entre las organizaciones de la sociedad civil y los relatores en la última década. Esa tendencia puede reforzarse aún más mediante esfuerzos por ampliar la divulgación y visibilidad del trabajo de las comunidades, como expresó María Silvia Emannuelli, Coordinadora de HIC América Latina, citando la posibilidad de producir materiales con un lenguaje atractivo y accesible, utilizando medios sociales y vídeos, y celebrando consultas en línea incluso después de que se levanten las restricciones de movilidad.

El Sr. Arrojo y el Sr. Rajagopal también señalaron las posibilidades de trabajar conjuntamente con las autoridades locales en la implementación de las recomendaciones, en áreas como la gestión de los servicios de agua y saneamiento o la reimaginación de la gobernanza de la tierra a nivel local. En este sentido, Amanda Flety Martínez, Coordinadora de la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU (CSIPDHR, por sus siglas en inglés), señaló cómo las decisiones tomadas por los gobiernos locales y regionales tienen un impacto directo en los Derechos del Hábitat y el Derecho a la Ciudad, destacando como ejemplo las experiencias entre la CSIPDHR y las ciudades sobre la remunicipalización del agua, la ciudadanía para las-os migrantes en las ciudades, o las medidas para hacer frente a la segregación espacial.

[Clip 4: Los RS comparten mecanismos destacados de cooperación + comentario del moderador Rodrigo Faria]

Si bien la colaboración ha sido continua, los responsables de los mandatos, como el Sr. González Morales y el Sr. Arrojo, han convenido en que es fundamental avanzar hacia formas más permanentes de diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos locales, punto del que se hacen eco los representantes de las organizaciones de la sociedad civil. La Sra. Emannuelli planteó la posibilidad de reactivar un grupo consultivo de ONU-Hábitat centrado en los desalojos forzosos, mientras que Irene Escorihuela (Observatori DESC/GPR2C) también señaló la posibilidad de trabajar conjuntamente con los responsables de los mandatos en la elaboración de directrices sobre temas concretos, como el derecho a la ciudad. Tanto ellas como el Sr. Rajagopal han subrayado también la importancia de trabajar juntos de manera más estable en el seguimiento de las comunicaciones y las visitas a los países, pero también en torno a las decisiones de los comités de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas.

El Sr. Madrigal y el Sr. Arrojo también destacaron las oportunidades de ampliar la cooperación entre los mandatos, señalando la colaboración anterior y actual con otros responsables de mandatos. El Sr. Rajagopal planteó la posibilidad de trabajar con organizaciones de la sociedad civil sobre la forma de colaboración con el poder judicial de manera más creativa, señalando su función respecto a los desalojos; la Sra. Escorihuela hizo una observación similar, y también destacó las posibilidades de realizar una labor transversal sobre la tendencia creciente a la privatización de la vivienda, el agua, otros servicios y las esferas de la vida urbana.

Por último, el Sr. Rajagopal también señaló la importancia de una alianza conjunta entre los responsables de mandatos, las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos locales para diversificar los espacios de acción en el sistema multilateral, observando la creciente importancia de las ciudades en relación con el multilateralismo y el