Entrevista a Josep Roig, Secretario General de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos

Josep Roig, UCLG Secretary General

Por ANA B. Vázquez, de la Revista Ágora.

Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) es la organización mundial de gobiernos locales y regionales, así como de sus asociaciones representativas. Fue creada en el año 2004, cuando las autoridades locales y regionales de todo el mundo decidieron dotarse de una organización paraguas que facilitara su representación política en la escena internacional.

CGLU está presente en 140 de los 192 Estados miembros de las Naciones Unidas y cuenta con más de 1.000 ciudades y 155 asociaciones nacionales entre sus miembros directos. Su sede mundial  está en Barcelona. Desde septiembre de 2011 es dirigida por Josep Roig,  Secretario General de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), con anterioridad Secretario General de Metropolis.

El objetivo de la CGLU es representar a los gobiernos locales y regionales ante la comunidad internacional  exponiendo sus intereses y contribuyendo con su experiencia local a los retos de la agenda global. Así mismo, CGLU fomenta el aprendizaje, intercambio y el diálogo entre gobiernos locales como instrumento para promover el progreso, la democracia y la paz. 

Ana B. Vázquez, ÁGORA. Señor Roig en estos diez años de historia, la red ha cosechado grandes logros,  si tuviera que señalar uno ¿cuál sería? Y ¿por qué?

Constituir una organización como CGLU se trata de un gran logro en sí, su nacimiento hace ya más de diez años, constituye por primera vez una organización común que ha sido reconocida como la principal institución representativa de las autoridades locales y regionales. CGLU nació como fruto de la unión de las principales redes que abanderaron el movimiento municipalista a lo largo de un siglo: IULA, FMCU y de METROPOLIS. Se trata de algo significativo ya que implica la capacidad de ese movimiento para renovarse y dotarse de nuevos instrumentos que den respuesta a los retos globales.

Heredera del movimiento municipal internacional que en 2013 ha celebrado un siglo de historia, y con las bases actuales asentadas, CGLU cuenta hoy con miembros en más de 140 países de todo el mundo, representando a más de 2/3 de la población mundial.

El movimiento municipal internacional se fijó objetivos ambiciosos que hoy CGLU lleva a la práctica diariamente: nuestro mayor logro ha sido y es defender los intereses y los valores de las autoridades locales y regionales ante la comunidad internacional, promover una descentralización y autonomía local eficaces a lo largo del mundo y ser un referente para el aprendizaje entre gobiernos locales.

Ana B. Vázquez, ÁGORA. Desde su creación en 2004 uno de los principios que defienden es la descentralización como forma de democratizar y modernizar la gestión pública en todos los niveles. En España, se aprobó la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local: autonomía local, recentralización y provisión de servicios públicos locales. Más de 3500 ayuntamientos españoles presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la ley. La ley  27/2013 ¿supuso un retroceso para la autonomía municipal y el desarrollo competencial de las entidades locales?, o realmente ¿era necesaria para clarificar competencias municipales y evitar duplicidades? ¿Cuál fue la postura de la CGLU?

Los gobiernos centrales que han perdido poder y competencias “nacionales”  en espacios como la Unión Europea, intentan recuperar el poder que habían descentralizado a los gobiernos subnacionales, sin embargo debería tenerse en cuenta que la descentralización no ha de ser un fin en sí mismo, sino que ha de ser un medio eficaz para el logro de otros objetivos, como la eficiencia administrativa, la responsabilidad, la innovación, el desarrollo económico y la inclusión social. La descentralización ha de garantizar mejores servicios y poner instrumentos al servicio de la sociedad que garanticen derechos y mejora de la calidad de vida para los ciudadanos.

"Los gobiernos nacionales, como decía Drucker en los años sesenta del siglo pasado, deberían abstenerse de actuar en aquellas competencias y funciones que requieren conocimiento local, decisión local y  acción local".

En los últimos tiempos hemos visto como la difícil situación financiera se ha aprovechado para hacer gestiones recentralizadoras en muchos países alrededor del mundo y particularmente en Europa. Se trata de una evolución que no acogemos con buenos ojos. Las asociaciones nacionales de gobiernos locales, tales como la FEMP en España, juegan un papel clave para asegurar la interlocución de los municipios con el ámbito de gobierno central y defender las instituciones locales y su gestión.

"Evaluar el funcionamiento de la gestión pública e intentar mejorarla es legítimo en todos los territorios, pero nuestra perspectiva es siempre que hay que dejar la gestión a los ámbitos más cercanos al ciudadano y que los intereses colectivos han de ser garantizados por las instituciones públicas equipadas, responsables, representativas y transparentes".

CGLU promueve la descentralización y la democracia local a través del Observatorio Mundial sobre Democracia Local y Descentralización, la Comisión de Descentralización y Autonomía Local, y el Observatorio Internacional de la Democracia Participativa. Les invito a visitar nuestro trabajo en estas áreas.

Ana B. Vázquez, ÁGORA. Los estudios realizados en el marco de los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM)  han demostrado que el bajo nivel del logro de los ODM está fuertemente ligado a la falta de fondos otorgados a los gobiernos locales. No cabe duda que la falta de inversiones básicas implican un coste muy alto en términos de desarrollo local, social, económico y en el cambio climático. Ante esta situación, ¿cuáles son los principales retos que tiene por delante la CGLU? Y ¿cuáles son las oportunidades clave?

Los gobiernos locales no estaban involucrados en la negociación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a pesar de que muchas de las áreas cubiertas por los objetivos son responsabilidad de los gobiernos locales.

"La falta de propiedad local de los objetivos, así como la insuficiencia de recursos a nivel local para ponerlas en práctica, han sido identificadas como los principales puntos débiles de los ODMs".

Ahora que nos encontramos con vistas a 2015, año en el que se definirán los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los gobiernos locales seguimos encontrándonos con un reto parecido. Aunque hay un reconocimiento muy amplio de que muchas de las respuestas hay que encontrarles en la acción local, siguen existiendo grandes limitaciones a la hora de plasmar en los acuerdos ese peso y papel específico de los niveles subnacionales de gobierno.

Las negociaciones de la agenda global siguen siendo negociaciones entre estados, aunque hay que reconocer que se han hecho grandes esfuerzos por parte de las Naciones Unidas  para que se oigan otras voces, el lugar en la mesa sigue siendo reducido y por tanto las medidas que se consideran en dichas negociaciones son lejanas a las realidades locales.

Somos conscientes de que es nuestra responsabilidad mostrar la capacidad de las ciudades de poner en marcha transformaciones globales. Nuestro principal reto es demostrar la capacidad de colaboración y de innovación, dejando de lado las eventuales tensiones de poderes.

Estamos trabajando con muchos socios de alrededor del mundo para demostrar los beneficios de localizar la agenda. Al mismo tiempo, intentamos identificar en qué áreas trabajar y qué acciones concretas son necesarias. Hacemos campaña para que se reconozca un Objetivo específico para ciudades y estamos desarrollando recomendaciones para que se tenga en cuenta la financiación local en la Conferencia sobre Financiación del Desarrollo, un paso clave para la implementación.

Ana B. Vázquez, ÁGORAUno de los objetivos de CGLU, es llevar la voz de las ciudades en la Definición de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Post-2015 y en los objetivos que emanarán de la Conferencia Hábitat III del 2016. ¿Cuáles son las principales reivindicaciones?

CGLU cree en el principio reflejado en la declaración de Río+20, donde se especifica que la nueva agenda de desarrollo internacional debe reconocer el papel de las esferas subnacionales de gobierno como actores principales del desarrollo.

En este momento cuando los municipios hablan en la ONU, lo hacen en el grupo de la sociedad civil. Esta acreditación equivocada, denota una falta de reconocimiento al papel vital de los gobiernos locales como representantes legítimos y gestores de los bienes públicos.

En este sentido, nuestra vocación es conseguir que la Agenda Global de Desarrollo se centre en las personas y que empodere a los actores e instituciones que tienen la capacidad de transformación hacia una sociedad más equitativa y sostenible, en particular a aquellos más cercanos a la ciudadanía, reconociendo un papel gubernamental a los gobiernos locales.

Con este objetivo, los gobiernos locales y regionales del mundo han propulsado la creación de un Grupo internacional que trata de identificar las prioridades y mensajes comunes de cara a la futura Agenda de Desarrollo. El autodenominado Grupo de Trabajo Global de Líderes Locales y Regionales Post-2015 y Habitat III propone un objetivo de desarrollo sostenible específico sobre urbanización, que reconocería la creciente importancia de las ciudades y de las regiones, de la cohesión territorial, y de los vínculos entre lo urbano y lo rural en el diseño de estrategias y acciones para un mundo más sostenible.

Mantenemos ante la comunidad internacional que el desarrollo sostenible no se conseguirá si no se abordan las desigualdades crecientes que emergen en la actualidad en un contexto mundial de crisis económica y social, una situación creciente en muchas ciudades del planeta.

En este sentido, los miembros de CGLU siempre han manifestado que la Agenda Post-2015 ha de ser única y universal ya que no se puede comprender el desarrollo sin la sostenibilidad y tampoco se pueden comprender los objetivos globales sin responsabilidades diferenciadas que respondan a las capacidades y realidades de las distintas partes del planeta. Para garantizar su consecución, los nuevos objetivos deberían ser inclusivos, desde su definición hasta su implementación, y contar con la implicación de todos los actores, no solamente con la de los estados miembros.

La futura agenda de desarrollo debe confiar en la gobernanza a todos los niveles, incluyendo el ámbito local y regional, y promover un partenariado global donde todos los grupos de interés colaboren. Para ello, la descentralización debe jugar un papel crucial y la nueva Agenda de Desarrollo debe verse reforzada por una Nueva Agenda Urbana en el 2016.

Ana B. Vázquez, ÁGORA. El tema del Buen Gobierno no fue incluido en los ODM sin embargo ¿cree que debería convertirse en un debate central en la Agenda post-2015?, por otra parte ¿no considera que los habitantes deberían poder exigir que los proveedores de servicios públicos fueran responsables socialmente? Desde CGLU ¿se está trabajando algo en ese tema?

El Buen Gobierno es considerado por CGLU como tema central en la Agenda Post-2015. Para CGLU, la participación ciudadana y la transparencia son elementos clave de este buen gobierno. Estamos al lado de la sociedad civil en la demanda de mejorar la manera en la que los gobiernos, a todos los niveles, dan cuentas a los ciudadanos  En relación a los servicios públicos, debemos recordar algo obvio: la responsabilidad de los servicios públicos corresponde al sector público competente. Por tanto, la gestión de los servicios públicos puede ser pública, privada o mixta pero en cualquier caso la responsabilidad social sigue siendo de los gobiernos.

Ana B. Vázquez, ÁGORA. La CGLU actúa de Lobby ante las Naciones Unidas ¿cuáles son los principales temas que defienden?

La comunidad internacional está desarrollando una nueva agenda global Post-2015 que brinda una oportunidad única, por ello, CGLU, sus miembros y sus asociados han intensificado su presencia en los procesos internacionales como nunca antes, y presentan propuestas firmes sobre la visión local de los asuntos globales más decisivos.

El Grupo de Trabajo Global de Gobiernos Locales y Regionales para la Agenda Post-2015 y hacia Habitat III, facilitado por CGLU, ha consolidado su posición como interlocutor visible y sólido. Este grupo ha ido incrementando su reconocimiento entre las redes de gobiernos locales y regionales, y en los debates sobre la ayuda oficial y la Financiación para el Desarrollo, las Políticas de Reducción del Riesgo de Desastres y Resiliencia, el Acceso al Agua y la Provisión de Servicios Básicos, las Negociaciones sobre el Clima, la igualdad de Género, y otras negociaciones en las que CGLU es constantemente partícipe, creando conciencia sobre el impacto que éstas temáticas tienen en las ciudades y sus habitantes.

"El mensaje de CGLU ante la comunidad internacional es que las ciudades pueden ser la plataforma ideal para dar forma a la agenda de desarrollo urbano para los próximos 20 años, pero para ello han de estar preparadas. Es importante subrayar que es en las ciudades de todo el mundo donde se sufren las presiones de la globalización, la migración, la desigualdad social o la contaminación del medio ambiente.  Reducir el desempleo, las desigualdades y el impacto del cambio climático, representan los mayores desafíos que la comunidad internacional solo podrá “solucionar” con políticas para y con las ciudades. Por ello, CGLU se propone facilitar la Segunda Asamblea Mundial de Ciudades Autoridades Locales y sus Asociaciones, heredera de la primera que tuvo lugar en Estambul en 1995".

Para CGLU,  los futuros objetivos de desarrollo deberán centrarse en la creación de ciudades inclusivas, con infraestructuras adecuadas y servicios para todos sus habitantes, además estos mismos objetivos habrán de culminar en una Nueva Agenda Urbana en el 2016, que será redactada en la Conferencia de Habitat III. El compromiso de las ciudades con la participación de los ciudadanos será clave para el éxito de la futura agenda global.

Ana B. Vázquez, ÁGORALa población mundial dentro de 30 años será de 9 mil millones de habitantes, ¿son necesarias nuevas formas de producción y de consumo para la prestación de servicios básicos sostenibles? Desde CGLU ¿se está trabajando en plantear nuevas estrategias de financiación para hacer frente a los retos de sostenibilidad y resiliencia que plantea el cambio climático y otras amenazas?

Los gobiernos locales de todo el mundo se enfrentan a la dificultad de asegurar el financiamiento de los servicios que garanticen el acceso a toda la población. Debido a los rápidos cambios urbanos, demográficos y ambientales están surgiendo nuevos desafíos para el desarrollo sostenible como bien señala el Tercer Informe Global sobre la Democracia Local y la Descentralización (GOLD III). Por ello, existe una necesidad urgente de proporcionar acceso a los servicios básicos en todas las ciudades del planeta a costos accesibles, previniendo que la población aumentará un millón y medio de habitantes en los próximos 15 años.

CGLU sostiene que la responsabilidad de la provisión de servicios básicos a menudo recae en los gobiernos locales y regionales, y que existe una fuerte correlación positiva entre la mejora de los servicios básicos y la participación de los gobiernos locales en su gestión. Asimismo subraya que es necesario encontrar soluciones que permitan el acceso universal a los servicios, para evitar que esto tenga serias repercusiones sobre la calidad de vida de la población, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico. De ello dependerá la reducción de la pobreza, desarrollo económico, y adaptación al cambio climático.

Ana B. Vázquez, ÁGORA. La Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales, celebrada en México en el  2010, los miembros de CGLU y sus socios enviaron un mensaje concreto a la comunidad internacional al presentar un Manifiesto para la Ciudad del 2030, esbozando así lo que los Alcaldes esperan para la Ciudad del futuro. ¿Qué papel deberá jugar el sector privado en la Ciudad de 2030? ¿serán necesarias las alianzas y parteneriados muliti-actores en el 2030?

Para desarrollar una ciudad de futuro, CGLU en el Manifiesto para la Ciudad de 2030 aboga por basarse en un diagnóstico preciso del potencial que dicha ciudad debe tener y de sus recursos, con un plan de acción para hacerlo posible.

La visión y el plan se desarrollan e implementan con la participación de los ciudadanos, de los sectores público y también  privados, aquí es donde entran las alianzas y partenariado multi-actores. La visión y el plan deben ser realistas y adaptados a los recursos de la ciudad, tanto públicos como privados. Para poder asumir su liderazgo, el gobierno de la ciudad debe disponer de un financiamiento adecuado, diversificado y bien administrado.

Es indiscutible que sin la innovación y los recursos del sector privado estaríamos desperdiciando grandes oportunidades para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, los servicios y el progreso. Sin embargo, es de vital importancia garantizar relaciones equilibradas entre el sector  público y el privado que pongan los intereses de la comunidad por encima de intereses de lucro y que aseguren una gestión pública movida por los intereses sociales.

Ana B. Vázquez, ÁGORADesde la CGLU se defiende el que las Ciudades deben ser territorios inclusivos que luchen contra la exclusión social y garanticen los derechos de todos y cada uno de sus habitantes. ¿Qué medidas en materia de inclusión social, democracia participativa y derechos humanos cree que se deben priorizar para que discurso y realidad se acerquen?

En lo concerniente a las desigualdades y a la exclusión social,  resulta preocupante  la carencia de acceso de grupos vulnerables  a los derechos básicos de ciudadanía (derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales). Esto se traduce y expresa en pobreza, precariedad laboral y déficits educativos; dependencia y sobrecarga de tareas de cuidado en el hogar; discriminaciones por razón de género, orientación sexual, religión u origen étnico; debilitamiento de las relaciones comunitarias y ruptura de vínculos afectivos; fracturas de ciudadanía de base etnocultural; deficiente dotación de servicios básicos de calidad, entre otras consecuencias.

A lo largo del  año 2008,  los miembros de CGLU debatieron a fondo todas estas cuestiones y adoptaron el documento: “Por un mundo de ciudades inclusivas”,  en donde se  propone que  las  políticas de inclusión social estén en el centro de la agenda de los gobiernos locales, junto con los recursos humanos, infraestructurales y financieros que se requieran para su desarrollo.

En el documento, identificamos cuatro principios fundamentales para la construcción de ciudades más cohesionadas: que las políticas sociales constituyan una política global, es decir, que sean una prioridad para el conjunto de gobiernos locales del mundo; que persigan la afirmación de derechos, es decir, que no se conciban como políticas de carácter asistencialista; que contribuyan a la promoción de la diversidad; y, por último, que contribuyan a impulsar la democracia local y una ciudadanía activa.

Respecto al tipo de políticas que permiten avanzar hacia esta dirección, hay que señalar, ante todo, que el abanico es muy amplio porque luchar contra las desigualdades sociales exige incidir en varias dimensiones: social, económica, política, cultural, relacional, digital, generacional y de género.